Las autoridades venezolanas dieron un ultimátum de 48 horas a las compañías —Iberia, TAP Portugal, Avianca, Latam, Turkish Airlines y GOL— para reanudar sus operaciones.

Al no cumplirse el plazo, el gobierno de Maduro procedió a revocar los permisos, acusando a las aerolíneas de sumarse a lo que calificó como "terrorismo de Estado promovido por EE.

UU.".

Como consecuencia inmediata, Avianca confirmó la suspensión de la venta y operación de vuelos entre Colombia y Venezuela. La aerolínea activó alternativas para los pasajeros con reservas confirmadas, ofreciendo reembolsos proactivos para la ruta Bogotá-Caracas o la opción de viajar hacia o desde Cúcuta bajo condiciones especiales. Esta suspensión masiva de vuelos compromete seriamente la conectividad internacional de Venezuela, dejando a miles de viajeros varados en plena temporada de fiestas y afectando el comercio y el turismo. Este episodio se suma a un patrón de cortes aéreos que Venezuela ha sufrido en crisis políticas y de seguridad anteriores, reforzando su aislamiento diplomático y económico.