El crimen ha generado una enérgica condena por parte del Gobierno y las Fuerzas Militares. El presidente Gustavo Petro calificó el hecho como un “crimen de guerra”, mientras que el Ejército Nacional lo denunció como una “flagrante violación al Derecho Internacional Humanitario”, afirmando que el oficial se encontraba en “estado de indefensión”. En respuesta, el Ministerio de Defensa anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables. El ataque se produce en un contexto de creciente violencia en el departamento del Cauca y ha sido interpretado como un posible “plan pistola” contra la fuerza pública. Las autoridades han desplegado un operativo especial en la región para dar con el paradero de los autores materiales e intelectuales del homicidio, que ha conmocionado a la opinión pública y ha puesto de relieve los graves riesgos que enfrentan los miembros de las fuerzas de seguridad en la lucha contra el narcotráfico en zonas de alto conflicto.