El Consejo Nacional Electoral (CNE) impuso una sanción histórica a la campaña presidencial de Gustavo Petro de 2022 por superar los topes de financiación y recibir aportes de fuentes prohibidas. La decisión, aprobada con una votación de 6-3, marca un precedente al ser la primera vez que se sanciona formalmente a los responsables financieros de una campaña presidencial en Colombia. La investigación, liderada por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, concluyó que la campaña superó los límites de gasto en más de 3.000 millones de pesos entre la primera y la segunda vuelta. Las irregularidades detectadas incluyen la omisión de reportar pagos a testigos electorales, la recepción de donaciones de sindicatos como Fecode y la USO (lo cual está prohibido por ley para personas jurídicas en campañas presidenciales) y la manipulación contable para ocultar gastos. Como resultado, el CNE impuso multas que superan los 5.900 millones de pesos al entonces gerente de campaña y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, así como a la tesorera y la auditora.
Los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica también fueron sancionados por su rol en la financiación. El presidente Gustavo Petro, por su fuero, no fue sancionado directamente por el CNE; su caso será compulsado a la Comisión de Acusaciones de la Cámara. El mandatario reaccionó enérgicamente, calificando la decisión como un “ataque político en época de campaña” y una muestra de “doble moral de la oposición”. Petro afirmó: “No hay un solo peso del narcotráfico en mi campaña” y cuestionó la imparcialidad del conjuez Majer Abushihab, señalando que fue abogado de Federico Gutiérrez.
La Unión Patriótica anunció que tomará acciones legales, argumentando que la decisión “vulnera las garantías democráticas”.
A la campaña le queda el recurso de reposición ante el CNE y, posteriormente, una posible apelación ante el Consejo de Estado.
En resumenLa sanción del CNE a la campaña Petro Presidente 2022 por irregularidades financieras constituye un hecho sin precedentes que genera una crisis política y judicial. Mientras el presidente Petro denuncia una persecución, su exgerente de campaña, Ricardo Roa, enfrenta una investigación penal por parte de la Fiscalía, y el caso escala a la Comisión de Acusaciones, abriendo un complejo panorama legal para el Gobierno.