Mejía, en entrevistas radiales, negó rotundamente las acusaciones, afirmando no conocer al jefe disidente y calificando el escándalo como un ataque sistemático contra el gobierno.

Mientras tanto, la Procuraduría evalúa la suspensión provisional de ambos funcionarios. El escándalo ha escalado a nivel legislativo, donde el Senado aprobó con 45 votos un debate de control político para que el ministro de Defensa y los directores de la DNI y la UNP respondan por las graves acusaciones. La Fiscalía, por su parte, ya abrió una investigación formal y reconoció que la información contenida en los dispositivos incautados es de "la mayor gravedad".