En respuesta, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Igualdad, anunció el refuerzo de las rutas de atención para víctimas y más campañas preventivas. Sin embargo, las organizaciones sociales reiteraron que el 25N "no es un día de celebración, sino un día para exigir garantías, justicia y medidas reales de protección", pidiendo mayor presupuesto para la prevención y celeridad en los casos que continúan sin resolución judicial.