UU. oficializó la designación, una acción que permite al gobierno estadounidense congelar bienes, bloquear apoyo y coordinar la persecución de individuos vinculados a esta presunta red criminal, que Washington señala como liderada por Nicolás Maduro. La medida se enmarca en una creciente presión de la administración Trump sobre el régimen venezolano, que incluye un notable despliegue militar en el Caribe. En respuesta, el gobierno de Venezuela calificó la designación como una “ridícula patraña” y una “vil mentira” diseñada para justificar una intervención y un “cambio de régimen”. Paralelamente, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitió una advertencia sobre “posibles riesgos operacionales” en el espacio aéreo de Maiquetía, citando un incremento de la actividad militar.

Como resultado, aerolíneas como Avianca y Latam suspendieron sus vuelos entre Bogotá y Caracas, afectando a unos 1.500 pasajeros.

La Aerocivil de Colombia confirmó las cancelaciones y anunció una reunión con autoridades de la región para coordinar medidas, mientras que otras compañías como Wingo y Satena decidieron mantener sus operaciones, aunque bajo estricto monitoreo. El presidente Gustavo Petro criticó la situación, afirmando que “los países no se bloquean” y pidió restablecer la conectividad aérea.