El futuro de la reforma pensional, uno de los proyectos bandera del gobierno de Gustavo Petro, ha quedado en un limbo jurídico después de que la votación en la Sala Plena de la Corte Constitucional terminara en un empate 4-4. La decisión final sobre la validez de la ley ahora recaerá en el conjuez Carlos Pablo Márquez, quien tendrá la responsabilidad de desempatar. El bloqueo en la Corte se produjo después de que la Sala Plena aceptara la recusación interpuesta contra el magistrado Héctor Carvajal, lo que le impidió participar en el debate y la votación. La recusación, presentada por la senadora Paloma Valencia, se basó en que Carvajal había emitido un concepto favorable a la reforma mientras era asesor jurídico de Colpensiones, antes de su llegada al alto tribunal, además de su cercanía con el presidente Petro. Con la salida de Carvajal, quien se perfilaba como un voto a favor de la reforma, la balanza quedó dividida. Cuatro magistrados se inclinaron por tumbar la ley, argumentando vicios de trámite insubsanables durante su aprobación en el Congreso, mientras que otros cuatro defendieron su continuidad. El conjuez Márquez, egresado de la Universidad Javeriana, tendrá 15 días hábiles para estudiar el expediente y emitir su voto dirimente.
El presidente Gustavo Petro reaccionó fuertemente al empate, calificándolo como un “verdadero movimiento de tipo político y no jurídico”.
En su cuenta de X, el mandatario afirmó que la situación es un “gran insulto a la idea de construir un estado social de derecho” y sugirió que, ante este panorama, “la instauración del comité para reunir las firmas suficientes para convocar la asamblea constituyente debe ponerse en práctica”.
En resumenLa reforma pensional enfrenta un momento decisivo. Un empate en la Corte Constitucional, provocado por la recusación de un magistrado, ha dejado su futuro en manos de un conjuez. La situación ha generado una dura reacción del presidente Petro, quien cuestionó la decisión judicial y volvió a plantear la convocatoria de una asamblea constituyente.