El debate se centra en la aplicación del Derecho Internacional Humanitario (DIH), que exige precauciones especiales cuando hay riesgo de afectar a población civil, particularmente a menores, quienes, incluso si son reclutados, son considerados víctimas.
Controversia nacional por muerte de siete menores en bombardeo militar en Guaviare
Un operativo militar contra disidencias de las FARC en Calamar, Guaviare, ha desatado una fuerte controversia política y humanitaria en Colombia, tras confirmarse que siete de las veinte víctimas fatales eran menores de edad. El presidente Gustavo Petro asumió la responsabilidad política de la operación, generando un intenso debate sobre los protocolos militares y la protección de la niñez en el conflicto. El bombardeo, ejecutado el 10 de noviembre de 2025, estaba dirigido contra una estructura del grupo de alias ‘Iván Mordisco’. Tras el operativo, el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó la presencia de los siete menores entre los fallecidos, un hecho que fue lamentado por la ONU y denunciado por la Defensoría del Pueblo. El presidente Petro defendió la decisión, argumentando que era necesaria para “proteger a 20 soldados que estaban bajo riesgo de emboscada”. Además, reconoció que sabía de la posible presencia de “menores reclutados”, pero que debió priorizar la seguridad de las tropas. Esta justificación ha sido fuertemente criticada, especialmente por su contraste con la postura que mantenía antes de ser presidente, cuando condenaba este tipo de acciones como “crímenes de guerra”. Organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas han rechazado los argumentos del gobierno. La hermana de uno de los menores fallecidos declaró que “Petro nunca debió hacer eso”, ya que conocía los riesgos. Por su parte, la Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación para determinar posibles responsabilidades disciplinarias.



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