La empresa italiana Leonardo Helicopters suspendió temporalmente el soporte técnico al helicóptero presidencial FAC 0008, en una consecuencia directa de la inclusión del presidente Gustavo Petro en la "Lista Clinton". La medida evidencia el impacto tangible de las sanciones estadounidenses sobre activos estratégicos del Estado colombiano. Mediante una carta dirigida al comandante del Grupo Técnico de CATAM de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), la compañía explicó que, debido a las "disposiciones recientes emitidas por Estados Unidos", debe tramitar una licencia ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para poder reanudar cualquier actividad de mantenimiento. La suspensión, calificada como "preventiva", afecta al helicóptero AgustaWestland AW139, adquirido durante el gobierno de Iván Duque por aproximadamente 12 millones de dólares. Esta aeronave, configurada para vuelos VIP, cuenta con sistemas de seguridad avanzados, como un sistema antimisiles de origen israelí.
La decisión de Leonardo Helicopters pone en riesgo la operatividad del helicóptero, ya que sin el soporte técnico no se pueden garantizar las condiciones de aeronavegabilidad. El presidente Petro reaccionó con dureza, calificando la medida como una "ofensa para Colombia" y anunció que instruyó a sus abogados para demandar a la firma por incumplimiento contractual. Además, sugirió la venta de la aeronave, afirmando que "prácticamente no lo necesito".
Este es el segundo incidente logístico que enfrenta el presidente por las sanciones, luego de las dificultades para abastecer de combustible el avión presidencial durante una gira internacional. La empresa italiana aseguró que ya inició los trámites para obtener la licencia de la OFAC y se comprometió a acelerar el proceso.
En resumenLa paralización del mantenimiento del helicóptero presidencial es la primera consecuencia operativa de alto perfil derivada de las sanciones de la OFAC contra el presidente Petro. Este episodio escala la crisis diplomática con Estados Unidos y demuestra cómo las regulaciones internacionales pueden afectar directamente el funcionamiento y la logística del Estado colombiano.