El presidente Petro defendió la operación argumentando que fue una “decisión riesgosa” para proteger a 20 soldados de una emboscada, y calificó a los menores como “combatientes” bajo el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Esta postura marca un giro radical frente a sus críticas a operaciones similares durante gobiernos anteriores, lo que un análisis califica como una “esquirla en el corazón del petrismo”.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, admitió ante el Congreso que, si bien “había probabilidad de menores, certeza no”, y que la única forma de saberlo era “pedirles que sacaran la cédula”. Estas declaraciones avivaron la indignación y fortalecieron la moción de censura en su contra, radicada por la representante Katherine Miranda y firmada incluso por congresistas de la bancada de gobierno. La Defensoría del Pueblo, que había emitido alertas tempranas sobre reclutamiento en la zona, pidió suspender los bombardeos. La Fiscalía General de la Nación ya abrió una indagación preliminar para determinar si las Fuerzas Militares omitieron protocolos del DIH, mientras la Justicia Penal Militar también investiga los hechos. La situación ha puesto en tela de juicio la coherencia del discurso de “Colombia, potencia mundial de la vida” y evidencia un endurecimiento en la estrategia de seguridad del gobierno.