El Instituto de Medicina Legal ha confirmado la muerte de 15 menores de edad en operaciones militares ocurridas entre agosto y noviembre, desatando una crisis política que incluye una moción de censura contra el ministro de Defensa y una defensa del presidente Petro sobre la legalidad de las acciones. La controversia se centra en cuatro operativos contra disidencias de alias 'Iván Mordisco' en Guaviare, Amazonas y Arauca. Según el informe forense, las víctimas se distribuyen así: tres menores en El Retorno (Guaviare) el 24 de agosto; cuatro en Puerto Santander (Amazonas) el 1 de octubre; siete en Calamar (Guaviare) el 10 de noviembre; y una menor en Puerto Rondón (Arauca) el 13 de noviembre. Estas cifras, superiores a las inicialmente admitidas por el Gobierno, han intensificado el escrutinio sobre el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH). El presidente Gustavo Petro defendió las operaciones, asegurando que se actuó dentro del marco del DIH, ya que los menores eran considerados combatientes. No obstante, pidió perdón a las madres de las víctimas, afirmando que llevará "ese pesar en su conciencia".
Además, anunció que denunciará a 'Iván Mordisco' ante la Corte Penal Internacional por reclutamiento sistemático de niños.
La situación ha generado una fuerte reacción institucional. La Procuraduría General abrió cinco indagaciones preliminares para determinar si se violó el DIH, mientras que la Defensoría del Pueblo, a través de su directora Iris Marín, ha insistido en la suspensión de los bombardeos donde se presuma la presencia de menores reclutados. En el ámbito político, la representante Katherine Miranda radicó una moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que ha recibido el apoyo de 30 congresistas, incluyendo firmas del Pacto Histórico, lo que evidencia fisuras dentro de la coalición de gobierno. La polémica se agrava al recordar las duras críticas que el propio Petro, como senador, hizo al gobierno de Iván Duque por hechos similares.
En resumenLa confirmación de la muerte de 15 menores en bombardeos militares ha generado una tormenta política en Colombia. Mientras el presidente Petro defiende la legalidad de las operaciones bajo el DIH, la Procuraduría ha iniciado investigaciones y se ha radicado una moción de censura contra el ministro de Defensa, evidenciando una profunda crisis sobre el uso de la fuerza y la protección de la niñez en el conflicto.