Muerte de al menos 12 menores en bombardeos desata crisis política y judicial

La confirmación por parte de Medicina Legal y la Defensoría del Pueblo de que al menos doce menores de edad murieron en bombardeos recientes contra disidencias de 'Iván Mordisco' ha generado una profunda crisis política y un intenso debate sobre los protocolos del Derecho Internacional Humanitario (DIH). El operativo más letal ocurrió el 10 de noviembre en Guaviare, donde fallecieron siete menores reclutados forzosamente, lo que llevó al presidente Gustavo Petro a pedir perdón públicamente, aunque defendiendo la legitimidad de la acción militar. El presidente Petro, quien en el pasado fue un acérrimo crítico de este tipo de operaciones, justificó el bombardeo como una “necesidad militar inminente” para proteger la vida de 20 soldados que estaban en riesgo de ser atacados por una columna de 150 disidentes. En un mensaje en la red social X, Petro pidió perdón a las madres de las víctimas, afirmando que llevaría “ese pesar” en su conciencia. Sin embargo, su postura y la de su ministro de Defensa, Pedro Sánchez, han sido objeto de fuertes críticas. Sánchez afirmó que “quien se involucra en las hostilidades pierde toda protección; lo que mata no es la edad, es el arma”, una declaración que ha sido calificada como una justificación de la muerte de niños en combate. La controversia se agudizó al revelarse versiones contradictorias, pues mientras el ministro aseguró que se tenía información previa de la presencia de adolescentes, el presidente sostuvo lo contrario. Ante la gravedad de los hechos y la denuncia de más casos en Arauca, Caquetá y Amazonas, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, imploró al presidente suspender los bombardeos, una petición que Petro rechazó, asegurando que las operaciones continuarán bajo el DIH. La Justicia Penal Militar y la Procuraduría ya han abierto indagaciones para determinar si se violaron los principios de distinción, proporcionalidad y precaución.

En resumen

La muerte de menores reclutados en bombardeos militares ha puesto al Gobierno de Gustavo Petro en una encrucijada, enfrentando críticas por una aparente contradicción con sus posturas pasadas y cuestionamientos sobre la aplicación del DIH. Mientras el presidente pide perdón pero justifica las operaciones, la Defensoría exige suspenderlas y la justicia ha iniciado investigaciones para esclarecer la responsabilidad del Estado.

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Ejército Nacional propina contundente ofensiva al Clan del Golfo en 2025 en Córdoba, Sucre y el Bajo Cauca

El Ejército Nacional de Colombia presentó un balance positivo de las operaciones desarrolladas durante el año 2025 Rescates, capturas, desmantelamiento de laboratorios de droga y golpes a la minería ilegal marcan el balance operacional de la Décima Primera Brigada bajo el Plan Ayacucho Plus.El Ejército Nacional de Colombia presentó un balance positivo de las operaciones desarrolladas durante el año 2025 en los departamentos de Córdoba, Sucre y la subregión del Bajo Cauca antioqueño, en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus, orientado a debilitar las estructuras criminales y garantizar la seguridad de la población civil.La Décima Primera Brigada, con apoyo interinstitucional de la Armada de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía Nacional de Colombia y la Fiscalía General de la Nación, logró importantes resultados en acciones conjuntas y coordinadas contra organizaciones ilegales que delinquen en estas zonas del país.Durante las operaciones, las tropas rescataron a 17 personas, liberaron a otras 14 y recuperaron a 16 menores de edad que habían sido reclutados por grupos armados organizados. Asimismo, fueron capturados 14 individuos señalados del delito de extorsión, en acciones orientadas a proteger la vida y los derechos de la ciudadanía.El fortalecimiento del control territorial permitió neutralizar 32 artefactos explosivos improvisados, 12 minas antipersonales y frustrar 28 acciones terroristas, evitando graves consecuencias para la población civil y las propias tropas. En estos operativos también se incautaron 115 armas cortas, 27 armas largas y 18.818 cartuchos de diferentes calibres.En el componente contra el narcotráfico, considerado la principal fuente de financiación de los grupos ilegales, se desmantelaron 84 laboratorios de pasta base de coca y dos complejos para el procesamiento de clorhidrato de cocaína, con una afectación económica superior a los 17.000 millones de pesos. En estos puntos se incautaron más de una tonelada de cocaína, pasta base, miles de galones de insumos líquidos y toneladas de insumos sólidos, además de la ubicación de semilleros con 13.000 plántulas de hoja de coca.De igual manera, la ofensiva contra la minería ilegal permitió intervenir 530 unidades de producción ilícita e inutilizar maquinaria pesada, entre ellas dragas, excavadoras y motores, generando un impacto económico cercano a los 40.000 millones de pesos.En cuanto a la afectación directa a las estructuras criminales, se reportó la captura de 287 personas vinculadas al Clan del Golfo, incluyendo 28 cabecillas de alto valor, así como la muerte de 11 de sus presuntos integrantes en desarrollo de operaciones militares y el sometimiento a la justicia de otros 39 miembros.Con este balance, el Ejército Nacional reafirma su compromiso de mantener la seguridad y la estabilidad en el noroccidente del país, destacando el trabajo sostenido de sus hombres y mujeres bajo el lema institucional de Patria, Honor. y Lealtad.