La primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, se encuentra en el centro de una nueva controversia tras la publicación de un informe del medio sueco Expressen, que detalla un presunto estilo de vida lujoso en Estocolmo. Según el reporte, revelado por la revista Semana, Alcocer estaría residiendo en la capital sueca rodeada de millonarios y frecuentando clubes privados, incluso después de haber sido sancionada junto al presidente Gustavo Petro por Estados Unidos e incluida en la llamada “Lista Clinton”. El informe sugiere que el traslado de Alcocer a Estocolmo podría ser una estrategia para “refugiarse” del escrutinio mediático y las presiones financieras derivadas de las sanciones de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), que congelan sus activos en territorio estadounidense.
El reportaje describe a la primera dama asistiendo a eventos exclusivos, consumiendo champaña y socializando con la alta élite sueca.
Esta revelación se suma a las críticas que ya enfrenta en Colombia por sus elevados gastos, que incluyen un séquito personal de maquilladora, fotógrafo y estilista financiado con recursos públicos, a pesar de que ella no es funcionaria.
La Procuraduría ya adelanta investigaciones sobre estos gastos. La periodista Ángela Benedetti ha ironizado sobre el “shopping de aviones” de Alcocer, en referencia a la reciente compra de aeronaves militares a Suecia.
Además, existen denuncias penales en su contra por presunta estafa en contratos vinculados a su imagen personal.
Este nuevo escándalo plantea interrogantes sobre el uso de recursos públicos, el rol de la primera dama y el posible impacto reputacional para el gobierno Petro, especialmente considerando que el presidente ha afirmado estar “separado hace años” de Alcocer.
En resumenUn informe de un medio sueco ha desatado una polémica en torno a la primera dama Verónica Alcocer, a quien se le atribuye un estilo de vida opulento en Estocolmo mientras ella y el presidente Petro enfrentan sanciones de EE. UU. Las revelaciones se suman a investigaciones en Colombia sobre el uso de recursos públicos para financiar su imagen, generando un fuerte debate sobre su rol y el impacto en la reputación del Gobierno.