Escándalo por títulos de Juliana Guerrero se intensifica tras su ausencia en la Corte Suprema

La controversia en torno a la validez de los títulos académicos de Juliana Guerrero, exasesora del Ministerio del Interior, ha escalado tras su inasistencia a una audiencia de conciliación en la Corte Suprema de Justicia con la representante a la Cámara Jennifer Pedraza. Guerrero había demandado a Pedraza por calumnia, pero no se presentó a la diligencia convocada para el 14 de noviembre, lo que frustró el intento de acuerdo y avivó las dudas sobre su situación académica. El caso se originó por las denuncias de Pedraza, quien señaló que Guerrero no cumplió con los requisitos para obtener sus títulos de tecnóloga y profesional en Contaduría Pública de la Fundación Universitaria San José. Posteriormente, la propia universidad anuló dichos diplomas, afirmando no tener registros de notas, asistencias ni calificaciones de la estudiante. Tras la audiencia fallida, Pedraza exigió a Guerrero que revele “toda la verdad” y sugirió la posible existencia de un “cartel de títulos”. La congresista afirmó: “Si este país está viendo un cartel de títulos o un cartel de diplomas, necesita saberlo la justicia para llegar hasta las últimas consecuencias”. Mientras tanto, el ICETEX aclaró que un crédito educativo otorgado a Guerrero fue para cursar Contaduría Pública en la Universidad Popular del Cesar, y no en la Fundación San José. La Fiscalía ya adelanta investigaciones por posibles delitos de falsedad en documento público y fraude procesal.

En resumen

La polémica sobre los títulos irregulares de Juliana Guerrero se agudiza con su inasistencia a una audiencia clave en la Corte Suprema. La representante Jennifer Pedraza eleva sus acusaciones a la posible existencia de un “cartel de diplomas”, mientras las investigaciones judiciales y administrativas continúan para esclarecer las graves irregularidades.

Artículos

¿Le pareció útil y relevante esta información?

Ejército Nacional propina contundente ofensiva al Clan del Golfo en 2025 en Córdoba, Sucre y el Bajo Cauca

El Ejército Nacional de Colombia presentó un balance positivo de las operaciones desarrolladas durante el año 2025 Rescates, capturas, desmantelamiento de laboratorios de droga y golpes a la minería ilegal marcan el balance operacional de la Décima Primera Brigada bajo el Plan Ayacucho Plus.El Ejército Nacional de Colombia presentó un balance positivo de las operaciones desarrolladas durante el año 2025 en los departamentos de Córdoba, Sucre y la subregión del Bajo Cauca antioqueño, en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus, orientado a debilitar las estructuras criminales y garantizar la seguridad de la población civil.La Décima Primera Brigada, con apoyo interinstitucional de la Armada de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía Nacional de Colombia y la Fiscalía General de la Nación, logró importantes resultados en acciones conjuntas y coordinadas contra organizaciones ilegales que delinquen en estas zonas del país.Durante las operaciones, las tropas rescataron a 17 personas, liberaron a otras 14 y recuperaron a 16 menores de edad que habían sido reclutados por grupos armados organizados. Asimismo, fueron capturados 14 individuos señalados del delito de extorsión, en acciones orientadas a proteger la vida y los derechos de la ciudadanía.El fortalecimiento del control territorial permitió neutralizar 32 artefactos explosivos improvisados, 12 minas antipersonales y frustrar 28 acciones terroristas, evitando graves consecuencias para la población civil y las propias tropas. En estos operativos también se incautaron 115 armas cortas, 27 armas largas y 18.818 cartuchos de diferentes calibres.En el componente contra el narcotráfico, considerado la principal fuente de financiación de los grupos ilegales, se desmantelaron 84 laboratorios de pasta base de coca y dos complejos para el procesamiento de clorhidrato de cocaína, con una afectación económica superior a los 17.000 millones de pesos. En estos puntos se incautaron más de una tonelada de cocaína, pasta base, miles de galones de insumos líquidos y toneladas de insumos sólidos, además de la ubicación de semilleros con 13.000 plántulas de hoja de coca.De igual manera, la ofensiva contra la minería ilegal permitió intervenir 530 unidades de producción ilícita e inutilizar maquinaria pesada, entre ellas dragas, excavadoras y motores, generando un impacto económico cercano a los 40.000 millones de pesos.En cuanto a la afectación directa a las estructuras criminales, se reportó la captura de 287 personas vinculadas al Clan del Golfo, incluyendo 28 cabecillas de alto valor, así como la muerte de 11 de sus presuntos integrantes en desarrollo de operaciones militares y el sometimiento a la justicia de otros 39 miembros.Con este balance, el Ejército Nacional reafirma su compromiso de mantener la seguridad y la estabilidad en el noroccidente del país, destacando el trabajo sostenido de sus hombres y mujeres bajo el lema institucional de Patria, Honor. y Lealtad.