Contraloría alerta por contratación estatal de $9 billones antes de Ley de Garantías

La Contraloría General de la República emitió una alerta por un aumento atípico en la contratación pública justo antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías Electorales, que restringe la contratación directa para evitar el uso de recursos públicos con fines políticos. Según el ente de control, en la primera semana de noviembre se comprometieron 9 billones de pesos en convenios y contratos interadministrativos, de los cuales 6,1 billones (el 68%) se firmaron en un solo día, el 7 de noviembre, el último día hábil antes de la restricción. Esta cifra representa un incremento del 190% en comparación con el comportamiento histórico y equivale a 2,9 veces el promedio mensual de contratación registrado entre enero y agosto de 2025. La Contraloría identificó al Departamento de Prosperidad Social (DPS) como una de las entidades con mayor actividad, comprometiendo 770.000 millones de pesos.

Este monitoreo preventivo, realizado a través de un modelo analítico que cruza datos del SECOP y otras plataformas estatales, ha generado preocupación en el Congreso. La representante Katherine Miranda denunció la firma de más de 1,5 billones de pesos en contratos presuntamente acelerados en menos de 24 horas, lo que alimenta las sospechas sobre un posible uso de la contratación para favorecer intereses electorales de cara a las elecciones de 2026. La Contraloría ha calificado este hallazgo como su “primera alerta” en el contexto electoral y reforzará la vigilancia para evitar irregularidades durante el periodo de restricciones.

En resumen

La Contraloría ha detectado una “feria de contratos” por 9 billones de pesos por parte de entidades gubernamentales justo antes del inicio de la Ley de Garantías, lo que genera serias dudas sobre un posible uso electoral de los recursos públicos y ha puesto al Gobierno bajo el escrutinio del control fiscal.

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Ejército Nacional propina contundente ofensiva al Clan del Golfo en 2025 en Córdoba, Sucre y el Bajo Cauca

El Ejército Nacional de Colombia presentó un balance positivo de las operaciones desarrolladas durante el año 2025 Rescates, capturas, desmantelamiento de laboratorios de droga y golpes a la minería ilegal marcan el balance operacional de la Décima Primera Brigada bajo el Plan Ayacucho Plus.El Ejército Nacional de Colombia presentó un balance positivo de las operaciones desarrolladas durante el año 2025 en los departamentos de Córdoba, Sucre y la subregión del Bajo Cauca antioqueño, en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus, orientado a debilitar las estructuras criminales y garantizar la seguridad de la población civil.La Décima Primera Brigada, con apoyo interinstitucional de la Armada de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía Nacional de Colombia y la Fiscalía General de la Nación, logró importantes resultados en acciones conjuntas y coordinadas contra organizaciones ilegales que delinquen en estas zonas del país.Durante las operaciones, las tropas rescataron a 17 personas, liberaron a otras 14 y recuperaron a 16 menores de edad que habían sido reclutados por grupos armados organizados. Asimismo, fueron capturados 14 individuos señalados del delito de extorsión, en acciones orientadas a proteger la vida y los derechos de la ciudadanía.El fortalecimiento del control territorial permitió neutralizar 32 artefactos explosivos improvisados, 12 minas antipersonales y frustrar 28 acciones terroristas, evitando graves consecuencias para la población civil y las propias tropas. En estos operativos también se incautaron 115 armas cortas, 27 armas largas y 18.818 cartuchos de diferentes calibres.En el componente contra el narcotráfico, considerado la principal fuente de financiación de los grupos ilegales, se desmantelaron 84 laboratorios de pasta base de coca y dos complejos para el procesamiento de clorhidrato de cocaína, con una afectación económica superior a los 17.000 millones de pesos. En estos puntos se incautaron más de una tonelada de cocaína, pasta base, miles de galones de insumos líquidos y toneladas de insumos sólidos, además de la ubicación de semilleros con 13.000 plántulas de hoja de coca.De igual manera, la ofensiva contra la minería ilegal permitió intervenir 530 unidades de producción ilícita e inutilizar maquinaria pesada, entre ellas dragas, excavadoras y motores, generando un impacto económico cercano a los 40.000 millones de pesos.En cuanto a la afectación directa a las estructuras criminales, se reportó la captura de 287 personas vinculadas al Clan del Golfo, incluyendo 28 cabecillas de alto valor, así como la muerte de 11 de sus presuntos integrantes en desarrollo de operaciones militares y el sometimiento a la justicia de otros 39 miembros.Con este balance, el Ejército Nacional reafirma su compromiso de mantener la seguridad y la estabilidad en el noroccidente del país, destacando el trabajo sostenido de sus hombres y mujeres bajo el lema institucional de Patria, Honor. y Lealtad.