La medida representa una escalada en la estrategia estadounidense en la región, generando preocupación en varios países latinoamericanos, especialmente en Venezuela.

El anuncio fue realizado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien declaró que el objetivo es “expulsar a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y proteger nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente”. Esta operación formaliza una campaña militar que ya estaba en marcha de manera no oficial, con al menos una veintena de ataques letales contra embarcaciones sospechosas en el Caribe y el Pacífico oriental, que habrían dejado más de 60 muertos. La nueva fase implica un cambio de enfoque, tratando la campaña como un conflicto armado no internacional, lo que amplía las capacidades de acción militar en aguas internacionales. El despliegue se produce en un contexto de alta tensión, con la presencia del portaaviones USS Gerald R. Ford en la zona desde agosto y la revelación de que el presidente Donald Trump sostuvo reuniones secretas para debatir "opciones militares" contra Venezuela.

La operación ha provocado reacciones inmediatas.

Venezuela la calificó como una amenaza a su soberanía y anunció ejercicios de defensa.

Rusia, por su parte, expresó su preocupación y pidió a Washington actuar con apego al derecho internacional.

Analistas advierten sobre los riesgos de esta escalada, que incluyen posibles incidentes con fuerzas armadas de otros países, violaciones al derecho internacional y una reacción diplomática negativa en la región.