Ante el bloqueo, el tribunal electoral designó a los abogados Jorge Iván Acuña y Majer Abushihab como conjueces, quienes deberán estudiar el expediente para una nueva votación.

La ponencia, elaborada por los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, propone sancionar la campaña por superar los topes de gastos en más de 3.000 millones de pesos, sumando las dos vueltas presidenciales. Las presuntas irregularidades incluyen la no declaración de pagos a testigos electorales y donaciones de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) por más de 500 millones de pesos. De ser aprobada, la ponencia implicaría multas de aproximadamente 6.000 millones de pesos contra el entonces gerente de campaña y hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, así como sanciones contra la tesorera, la auditora y los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica. El proceso avanza contrarreloj, pues enfrenta riesgos de caducidad, aunque los ponentes argumentan que el plazo legal podría extenderse hasta abril de 2026.