Tras la controversia, Guerrero anunció que ya no tiene interés en ocupar cargos en el Gobierno y que su prioridad es aclarar su situación académica. El caso estalló después de que la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, denunciara la validez del título de Guerrero. Posteriormente, la propia Fundación San José anuló el grado de Contadora Pública de la joven, afirmando en un comunicado que, tras una revisión, no encontró “registro alguno de actividad académica, participación en clases ni evaluaciones” en sus sistemas. La investigación del Ministerio se amplía más allá del caso de Guerrero, ya que se indaga la presunta expedición irregular de al menos otros tres títulos universitarios. La resolución del Ministerio busca determinar si hubo incumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales que rigen la educación superior. Por su parte, Juliana Guerrero sostiene que sí cursó la carrera y que la universidad posee las notas y actas que lo demuestran. En medio del escándalo, la Corte Suprema de Justicia citó a Guerrero y a la representante Pedraza a una audiencia de conciliación el próximo 14 de noviembre, a raíz de una demanda por calumnia interpuesta por la joven.