La diligencia judicial, ejecutada por el CTI de la Fiscalía, se enmarca en uno de los varios procesos que cursan contra Benedetti por presuntos delitos cometidos durante su etapa como congresista, incluyendo tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y financiación ilegal de campañas. Benedetti reaccionó de inmediato, acusando a la magistrada Lombana de no tener competencia para investigarlo por no ser ya senador y de estar recusada. En sus declaraciones a medios y redes sociales, la tildó de “loca, demente y criminal”.

El ministro anunció que llevará el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y aseguró que en el allanamiento “no se incautó nada”. La respuesta de las altas cortes no se hizo esperar. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Tejeiro, emitió un comunicado rechazando “los ataques verbales del ministro del Interior”, advirtiendo que podrían “afectar el desarrollo de las investigaciones o menoscabar la confianza en la administración de justicia” e invitándole a “desescalar el lenguaje”. Simultáneamente, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar contra Benedetti por sus descalificaciones.

El presidente Gustavo Petro también se pronunció, respaldando a su ministro y calificando el allanamiento de “ilegal” y un “secuestro de una familia”.