Los soldados fueron identificados como Andrés Felipe Muñoz Castro, Sergio Muñoz Zapata, César Muñoz Osorio, Luis Ángel Navarro Banquet y Daniel José Munive Sandoval.

A través de un comunicado, el Frente de Guerra Oriental del ELN afirmó que los uniformados fueron "retenidos en acción de control territorial" y condicionó su liberación a la entrega ante una comisión humanitaria. El Gobierno Nacional activó de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate con un operativo conjunto de las Fuerzas Militares.

La Defensoría del Pueblo rechazó el acto, calificándolo como una posible "toma de rehenes" y una clara infracción al Derecho Internacional Humanitario, exigiendo la liberación inmediata y sin condiciones. Este secuestro se suma a la retención de otros funcionarios del CTI y la Policía en la misma región, lo que sugiere una posible estrategia del ELN para presionar un intercambio de prisioneros, una práctica sin respaldo jurídico que pone en riesgo los diálogos de paz.