La detonación controlada de la carga, realizada por expertos antiexplosivos, causó heridas a varios soldados y daños materiales en la base militar, pero evitó una tragedia mayor. El vehículo fue abandonado en la madrugada del sábado 8 de noviembre en el barrio Curubal. La rápida alerta de la comunidad permitió a las fuerzas de seguridad acordonar la zona, evacuar a la población civil y militar, y proceder con la neutralización.

El presidente Gustavo Petro confirmó el hecho, destacando que no hubo víctimas mortales: “Se neutralizó el atentado (...) Cero víctimas mortales.

No bajar la guardia”.

Las primeras hipótesis apuntan al frente 'Adonay Ardila Pinilla' del ELN como presunto responsable, aunque el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, también mencionó la posible implicación de un “cartel del narcotráfico”. Como respuesta, se implementaron medidas de seguridad extraordinarias en Tunja, incluyendo la prohibición del consumo de licor y restricciones a la circulación de vehículos y drones. El ministro Sánchez anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información sobre los responsables y convocó a un consejo de seguridad extraordinario en la ciudad, liderado por la cúpula militar. “He ordenado reuniones regionales extraordinarias de seguridad a nivel nacional, con el fin de revisar y actualizar los planes de inteligencia para prevenir ataques”, afirmó el ministro, subrayando la necesidad de unidad para enfrentar la amenaza terrorista.