cuando residentes del barrio Prados de Alcalá alertaron sobre una volqueta abandonada cerca de la base militar.

El vehículo estaba equipado con una plataforma artesanal para lanzar aproximadamente 24 artefactos explosivos conocidos como “tatucos”.

Las autoridades, incluyendo el Ejército y la Policía, activaron los protocolos de seguridad, evacuando a la población civil y militar de la zona y procediendo con detonaciones controladas. A pesar de los esfuerzos, algunas de las cargas explosivas impactaron las instalaciones del batallón, causando daños en alojamientos, bases estructurales y un vehículo.

El saldo oficial reporta cinco personas con lesiones leves: tres civiles y dos soldados.

El comandante de las Fuerzas Militares, Francisco Cubides, atribuyó la acción a la “estructura Adonai Ardila Pinilla del grupo narcoterrorista ELN del frente oriental”. En respuesta, la Alcaldía de Tunja decretó medidas como la ley seca y la prohibición de parrillero en moto hasta el 10 de noviembre, mientras que el Ministerio de Defensa ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información sobre los responsables. El presidente Gustavo Petro confirmó que el atentado fue neutralizado y que se evitó una tragedia mayor, aunque la situación evidencia la capacidad de los grupos armados para ejecutar ataques en ciudades consideradas tradicionalmente seguras.