El secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó un nuevo bombardeo que dejó tres fallecidos, reiterando que “los ataques a buques contra narcoterroristas continuarán hasta que cese el envenenamiento del pueblo estadounidense”.

Estas acciones, enmarcadas en una “operación contra el narcoterrorismo”, han sido calificadas por la ONU como posibles crímenes internacionales y ejecuciones extrajudiciales, al realizarse sin procesos judiciales y en aguas internacionales.

La situación escaló después de que el Senado de EE.

UU. rechazara una resolución que buscaba obligar al gobierno a solicitar autorización del Congreso para despliegues militares en Venezuela, otorgando vía libre a la administración Trump.

Una investigación de la agencia AP reveló que muchas de las víctimas no eran narcotraficantes, sino pescadores y trabajadores empobrecidos atraídos por pagos de al menos 500 dólares por viaje.

La ONU y organizaciones como Human Rights Watch han denunciado estas acciones como violaciones al derecho internacional. La militarización del Caribe ha sido rechazada por gobiernos de la región, incluyendo Colombia y Venezuela, que la ven como un factor de desestabilización. En medio de la tensión, el medio The Atlantic reportó que Nicolás Maduro estaría evaluando dejar el poder a cambio de amnistía y un “exilio cómodo”, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente.