Los condenados son Ronal Palacios Romaña, Saúl Buriticá Cifuentes, Jorge Amézquita García y Jaime Guillermo Hernández, quienes fueron hallados culpables del delito de concierto para delinquir agravado.

Según el fallo, fechado el 5 de noviembre de 2025, los directivos “tenían pleno conocimiento sobre las maniobras contables que se hacían al interior de la empresa Maderas Del Darién, para financiar el grupo paramilitar”. La investigación, declarada de lesa humanidad y por tanto imprescriptible, se basó en pruebas documentales del allanamiento de 1998 y en testimonios de exintegrantes de las AUC. Se demostró que entre 1997 y 1999, la empresa, filial de Triplex Pizano S.A., realizó aportes mensuales que oscilaban entre 20 y 30 millones de pesos. La Fiscalía afirmó que los directivos “concertaron voluntades con la finalidad de financiar y asegurar la operación del Bloque Elmer Cárdenas” para ocultar recursos provenientes de la explotación forestal en el Bajo Atrato. El juez Mario Fernando Jaramillo destacó que la evidencia del “Parqueadero Padilla”, el centro de finanzas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) manejado por alias 'Lucas', fue fundamental para acreditar la “participación consciente, voluntaria y concertada” de los empresarios en el sostenimiento del grupo criminal.