Mientras las víctimas piden no instrumentalizar el recuerdo, persisten preguntas sin resolver y se avivan viejas controversias.

La conmemoración estuvo marcada por la polarización. Por un lado, el presidente Gustavo Petro, exmiembro del M-19, ausente en los actos oficiales por encontrarse en Brasil, defendió la actuación de la guerrilla y negó señalamientos sobre el asesinato del magistrado Manuel Gaona Cruz, contradiciendo informes forenses. Por otro lado, el expresidente Álvaro Uribe propuso tramitar una ley de amnistía que otorgue “beneficios equivalentes a una sentencia absolutoria” a los militares condenados o investigados por los hechos de la retoma, una iniciativa que ha sido criticada por organizaciones de víctimas por considerarla un retroceso en la búsqueda de justicia. En medio de estas posturas, el exmagistrado Nilson Pinilla, quien presidió la Comisión de la Verdad sobre el holocausto, sugirió que “algunos militares propiciaron la toma del Palacio de Justicia para cobrar represalias contra el M-19”, añadiendo más complejidad al relato. Las familias de las víctimas, como Helena Urán, hija del magistrado Carlos Horacio Urán, han expresado su frustración ante lo que consideran una instrumentalización de la memoria por parte de ambos bandos, impidiendo la construcción de un relato nacional consensuado y dificultando el duelo colectivo. El saldo de la tragedia, ocurrida entre el 6 y 7 de noviembre de 1985, fue de cerca de 100 muertos, incluyendo 11 magistrados, y al menos 11 desaparecidos forzadamente, un crimen por el que Colombia fue condenada por la Corte IDH.