Comisión Séptima del Senado aplaza indefinidamente el debate de la reforma a la salud

La Comisión Séptima del Senado de la República suspendió de manera indefinida la discusión de la reforma a la salud, condicionando su reanudación a la aprobación de una ley de financiamiento que garantice su sostenibilidad fiscal. La decisión representa un duro revés para una de las principales iniciativas legislativas del Gobierno de Gustavo Petro y ha generado una fuerte reacción por parte del Ejecutivo. La proposición, presentada por la senadora conservadora Nadia Blel y aprobada por una mayoría de siete de los doce miembros de la comisión, argumenta que, conforme a la Ley 819 de 2003, toda iniciativa que genere gasto público debe contar con una viabilidad fiscal clara. Los senadores sostienen que el Presupuesto General de la Nación para 2026 no contempla los recursos adicionales necesarios para implementar la reforma, y que estos dependen de una futura ley de financiamiento o reforma tributaria que aún no ha sido tramitada. La decisión fue respaldada por los partidos Centro Democrático, Conservador, Mira, Colombia Justa Libres, Liberal y La U.

Tras conocerse la medida, el Gobierno expresó su descontento. El presidente Gustavo Petro calificó la acción como una "traición de la mayoría de la Comisión Séptima" y reiteró su llamado a una Asamblea Constituyente para superar lo que considera bloqueos del Congreso. Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, acusó a la comisión de "mamando gallo a la Reforma a la Salud" y de ejecutar "una burla a la salud de los colombianos". De manera similar, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, calificó a la célula legislativa como "inoperante" y de haber puesto únicamente "obstáculos" durante casi un año.

En resumen

La suspensión indefinida del debate de la reforma a la salud en el Senado agudiza las tensiones entre el Legislativo y el Ejecutivo. La mayoría de la Comisión Séptima priorizó la responsabilidad fiscal al exigir una ley de financiamiento, mientras que el Gobierno denuncia la medida como una táctica dilatoria y un bloqueo a sus proyectos de cambio, avivando el debate sobre la necesidad de una constituyente.

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