Argumenta que la citación a sesiones extraordinarias fue intempestiva, lo que impidió que la oposición socializara sus proposiciones y que se diera un debate real.

En consecuencia, la Cámara habría optado por ratificar el texto aprobado por el Senado sin la discusión sustancial requerida. El documento califica la defensa del trámite por parte de la Cámara y la Procuraduría como "absurda" e "inadmisible", y considera que los representantes que votaron a favor incurrieron en una "desobediencia judicial". La reacción del Gobierno no se hizo esperar; el ministro Armando Benedetti calificó la ponencia como un "¡Golpe de Estado!" por parte del magistrado, a quien acusó de actuar como "líder de la oposición". La decisión final recae ahora sobre la Sala Plena, que deberá debatir la propuesta de Ibáñez. Los escenarios posibles son tres: la declaración de constitucionalidad, que validaría la reforma; la inexequibilidad total, que la hundiría definitivamente; o una inexequibilidad parcial o diferida, que daría un plazo al Congreso para corregir errores menores. La discusión se ve complejizada por una recusación pendiente contra el magistrado Héctor Carvajal por posibles impedimentos.