Sin embargo, flexibiliza significativamente las credenciales académicas y profesionales requeridas.

Según fuentes del Gobierno, el objetivo de estos cambios es democratizar el acceso a dichos puestos, argumentando que los posgrados como maestrías y doctorados requieren una inversión económica elevada que limita la participación de muchos profesionales. Además, el proyecto convierte en opcional la "invitación pública" para postularse al cargo, un mecanismo que actualmente es requerido para garantizar la transparencia en la selección. Esta modificación surge en un momento en que el nombramiento de la actual superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, enfrenta una demanda de nulidad precisamente por presuntas irregularidades en dicho proceso de invitación pública. La propuesta ha generado críticas, ya que podría ir en contravía de las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que había sugerido a Colombia mantener criterios de selección transparentes y basados en el mérito.