El presupuesto destina $358 billones a funcionamiento, $100 billones al servicio de la deuda y $88,4 billones a inversión, priorizando sectores como educación ($88,2 billones) y salud ($78,1 billones).

Sin embargo, la aprobación estuvo rodeada de polémica por adiciones presupuestales a entidades con cuotas políticas.

Entre los incrementos más cuestionados se encuentran $289.000 millones para el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), $600 mil millones para la Procuraduría, y aumentos para los ministerios de Comercio, TIC y Deporte. El ministro del Interior, Armando Benedetti, defendió el aumento para el Dapre, negando fines electorales y calificando las críticas de la oposición como “cargadas de bilis”. La oposición, por su parte, intentó romper el quórum en el Senado para forzar al gobierno a decretar el presupuesto aprobado en primer debate, una estrategia que no prosperó. La senadora Angélica Lozano advirtió que el presupuesto está “inflado” y condicionado a una ley de financiamiento de $16,3 billones que aún no se ha presentado, lo que podría llevar a un mayor endeudamiento. La representante Olga Lucía Velázquez, sin embargo, celebró la aprobación como un acto que evitó una “dictadura fiscal”.