Los clubes implicados son Envigado, Deportivo Pasto, Boyacá Chicó, Unión Magdalena y Atlético FC.

La investigación reveló tres patrones de conducta: el intercambio de información sensible sobre la situación laboral de los jugadores, la invocación del “pacto de caballeros” para disuadir a otros equipos de contratar a ciertos futbolistas, y el rol de la Dimayor como “vehículo de intercambio de información” y garante del acuerdo.

Las multas más altas fueron para la Dimayor ($3.200 millones) y Envigado ($2.700 millones), seguidos por Pasto, Chicó, Magdalena y Atlético FC con montos menores.

La SIC determinó que estas acciones desincentivaron la movilidad de los jugadores, afectando su derecho a negociar libremente y mejorar sus condiciones laborales, y vulnerando la dignidad de los deportistas.