El presidente Gustavo Petro respaldó esta postura, calificando la situación como un “golpe antidemocrático” y acusando al CNE de violar sus derechos constitucionales. A pesar de la salida de Quintero, tanto el presidente como los otros dos precandidatos, Carolina Corcho e Iván Cepeda, han manifestado que la consulta debe seguir adelante. Corcho y Cepeda confirmaron su permanencia en la contienda y solicitaron al CNE una certificación que aclare el carácter partidista del proceso para evitar inhabilidades futuras. La situación ha generado un debate sobre las implicaciones económicas, ya que figuras de la oposición, como el concejal Daniel Briceño, han advertido que Quintero y su partido podrían estar obligados a reintegrar los millonarios recursos públicos invertidos en la organización de la consulta, citando la Ley 1475 de 2011. Por su parte, la Registraduría ha señalado que es “material y presupuestalmente imposible” reimprimir los tarjetones a tan pocos días de la elección, lo que añade más incertidumbre al proceso.