La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP determinó que los 22 comparecientes conformaron una "organización criminal" que utilizó la estructura institucional del Ejército para cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad. Según el magistrado Óscar Parra, durante el mando del general Torres Escalante se consolidó un sistema de incentivos que premiaba los resultados operacionales con ascensos, condecoraciones y permisos, lo que fomentó la comisión de estos crímenes.

Las víctimas incluyeron mujeres, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad cognitiva.

La JEP identificó cuatro patrones criminales: el asesinato de civiles señalados arbitrariamente de pertenecer a grupos armados, el engaño a víctimas vulnerables con falsas ofertas de trabajo, el asesinato de combatientes rendidos o capturados, y el asesinato oportunista de personas en circunstancias improvisadas. Tras la imputación y el reconocimiento de responsabilidad por parte de los comparecientes, el caso avanza al Tribunal para la Paz, que emitirá una sentencia e impondrá sanciones restaurativas acordadas con las víctimas. Entre estas medidas se contempla la creación de un Parque Memoria y Paz en Yopal y una Universidad de la Memoria y la Justicia.