Las autoridades atribuyen la ofensiva a organizaciones criminales que operan desde las cárceles, en retaliación por los operativos de control contra la extorsión. Los atentados ocurrieron en un lapso de 48 horas. En Bogotá, un ataque sicarial en inmediaciones de la cárcel La Modelo dejó un dragoneante muerto y tres heridos. En Palmira (Valle del Cauca), se registraron dos ataques distintos: uno resultó en la muerte de un funcionario y el otro dejó a un guardián gravemente herido. Un tercer atentado tuvo lugar en Armenia (Quindío), donde un funcionario fue emboscado, aunque resultó ileso.

El director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, afirmó que en 2025 se han registrado 35 eventos violentos contra la institución, con un saldo de seis funcionarios asesinados y más de 270 amenazas. En respuesta, el Gobierno declaró a las organizaciones responsables como “objetivo de alto valor”, creó un grupo especial de investigación entre la Fiscalía y la Policía, y ofreció recompensas de hasta 50 millones de pesos por información. Además, se anunció una inversión de 2.300 millones de pesos para la compra de chalecos y camisas balísticas, y se reforzará la seguridad perimetral de las cárceles.

Inicialmente, el Inpec había suspendido las visitas en Bogotá y Valle del Cauca, pero revirtió la medida para no afectar a las familias, aunque manteniendo los controles reforzados. Las autoridades no descartan que la banda criminal “Muerte a Guardianes” (MAGO) esté detrás de los ataques.