La compulsa de copias se originó en el marco de la condena contra José Miguel Narváez, exsubdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por el secuestro de la exsenadora Piedad Córdoba. La determinación del Juzgado Tercero Penal de Medellín se fundamenta en el testimonio del exparamilitar Francisco Villalba, quien vinculó a los hermanos Uribe con una reunión celebrada en 1997, cuando Álvaro Uribe era gobernador de Antioquia, en la que supuestamente se planificaron los homicidios. Según los documentos judicializados, en dicha reunión también habrían participado el exjefe paramilitar Carlos Castaño y un “General Ospina” de la Cuarta Brigada del Ejército.

La compulsa de copias busca que la Fiscalía determine si existe mérito para abrir una investigación formal contra el expresidente y su hermano por estos hechos. La reacción de Uribe no se hizo esperar; a través de su cuenta en la red social X, calificó la decisión como “miserable” y la atribuyó a una “declaración fantasiosa, investigada hace años, sobre una reunión inexistente”. Con esta nueva compulsa de copias, se intensifica la presión judicial sobre el expresidente, quien ya enfrenta un juicio por presunto fraude procesal y soborno a testigos, consolidando un panorama legal adverso que podría tener profundas repercusiones en el escenario político nacional.