Según el gobierno colombiano, la intercepción ocurrió en aguas internacionales, lo que Petro calificó como un “crimen internacional” y un “secuestro”. En respuesta, el mandatario afirmó: “Colombia pondrá las demandas internacionales como víctima y exigirá indemnizaciones y cárcel a quienes cometieron el crimen”.

Además, ordenó la salida de toda la delegación diplomática de Israel que permanecía en el país. Tras seis días de detención en el centro de Saharonim, se confirmó la liberación de las activistas, quienes serán deportadas a Jordania. El cónsul de Colombia en Tel Aviv, Carlos Piñeros, informó que la liberación se logró mediante una coordinación diplomática que incluyó la mediación de Jordania. Una de las activistas regresará a Colombia, mientras que la otra permanecerá en la región, donde reside. La flotilla, compuesta por más de 40 embarcaciones y 500 activistas de 44 países, partió de Barcelona con el objetivo de romper el bloqueo naval israelí y entregar ayuda humanitaria. Israel, por su parte, argumentó que la operación era una “provocación” y que actuó para proteger una zona de combate.

Durante la detención, otros activistas denunciaron malos tratos y falta de atención médica. La crisis diplomática se profundiza en un contexto de ruptura de relaciones formales desde mayo de 2024 por parte de Colombia, debido a desacuerdos sobre el conflicto en Gaza.