La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió la medida afirmando en Fox News que Chicago es "una zona de guerra". Esta retórica ha sido replicada por otras figuras republicanas, pero no cuenta con un respaldo mayoritario; una encuesta de CBS reveló que solo el 42% de los estadounidenses apoya el despliegue militar en las ciudades, frente a un 58% que se opone. La estrategia de Trump encontró un freno legal en Portland, Oregón, donde una jueza federal bloqueó un despliegue similar, argumentando que la medida carecía de fundamento y que "esta es una nación de derecho constitucional, no de ley marcial". La jueza Karin Immergut señaló que, si bien ha habido incidentes violentos, la administración no demostró "que esos episodios formen parte de un intento organizado de derrocar al gobierno". La ofensiva también es liderada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), cuyas redadas en ciudades demócratas han sido cuestionadas por su uso de la fuerza. En Chicago se registró un tiroteo en el que un agente federal disparó a un conductor, y días antes, otro operativo del ICE resultó en la muerte de un ciudadano latino.