El presidente Gustavo Petro ordenó la expulsión de toda la delegación diplomática de Israel en Colombia y anunció la denuncia del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países. La drástica decisión fue una respuesta a la retención por parte de fuerzas israelíes de dos activistas colombianas que participaban en una flotilla humanitaria con destino a Gaza. El detonante de la crisis fue la detención de Luna Valentina Barreto y Manuela Bedoya, quienes viajaban en la flotilla Global Sumud con el objetivo de llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. El gobierno colombiano calificó la intercepción, ocurrida en aguas internacionales, como un “secuestro” y un “nuevo crimen internacional” dirigido por el primer ministro Benjamín Netanyahu.
En respuesta, Petro declaró que “sale toda la delegación diplomática” y que “el TLC con Israel se denuncia de inmediato”. Esta medida profundiza la ruptura diplomática que ya se había iniciado en mayo de 2024, cuando el mandatario anunció el cese de relaciones en protesta por la guerra en Gaza. La denuncia del TLC, según el excanciller Julio Londoño Paredes, no es inmediata, ya que el acuerdo estipula que la terminación surte efecto seis meses después de la notificación diplomática.
Las activistas, por su parte, denunciaron estar retenidas en condiciones precarias, con acceso limitado a agua y alimentos.
La medida ha generado reacciones encontradas en Colombia, donde opositores critican al presidente por priorizar una política exterior agresiva sobre los problemas internos, mientras sus simpatizantes la aplauden como un acto de soberanía.
En resumenLa expulsión de la misión israelí y la denuncia del TLC marcan la ruptura casi total de las relaciones entre Colombia e Israel. La decisión, motivada por la detención de dos activistas colombianas, consolida la postura pro-Palestina del gobierno Petro, pero abre un escenario de incertidumbre comercial y de posible aislamiento diplomático.