La medida, justificada por declaraciones del mandatario en Nueva York, provocó una reacción en cadena de su gabinete, con varios ministros renunciando a sus propios visados en un acto de solidaridad. El conflicto se originó tras un discurso de Petro durante una manifestación pro-Palestina en Nueva York, donde instó a los soldados estadounidenses a “desobedecer las órdenes de Trump”. El Departamento de Estado calificó estas declaraciones como “imprudentes e incendiarias”, argumentando que intervenían en asuntos internos y rompían las normas diplomáticas.

Como respuesta, además de la revocación, EE. UU. elevó críticas a la gestión de Petro en el Consejo de Seguridad de la ONU, acusándolo de despriorizar la lucha contra el narcotráfico. En un acto de respaldo, la canciller Rosa Villavicencio y el ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunciaron que renuncian al uso de sus visas estadounidenses, mientras que otros funcionarios, como el ministro de Minas, Edwin Palma, y la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, informaron que sus visados fueron cancelados. El ministro del Interior, Armando Benedetti, minimizó el impacto de la medida, afirmando que el uso de visas es un problema de las clases medias y altas. Por su parte, el presidente Petro aseguró que posee ciudadanía italiana, lo que le permitiría ingresar a EE.

UU. mediante otros mecanismos como el ESTA, y calificó la acción estadounidense como una violación a la inmunidad diplomática. Analistas consideran que la decisión es más simbólica que práctica, pero advierten que podría afectar la cooperación bilateral en áreas estratégicas como seguridad, comercio y lucha antidrogas, marcando una escalada en las tensiones entre ambos gobiernos.