Entre los más de 400 activistas detenidos se encontraban las colombianas Manuela Bedoya y Luna Barreto.

Tras una visita consular, la Cancillería colombiana denunció que las connacionales habían sido “sometidas a procedimientos que afectaron su dignidad y bienestar”, incluyendo la falta de alimentación y agua potable durante 48 horas. Ante esta situación, el presidente Petro reaccionó de manera contundente a través de su cuenta de X, calificando la detención como un “secuestro” y un “nuevo crimen internacional de Netanyahu”. En consecuencia, ordenó la salida de “toda la delegación diplomática de Israel en Colombia”, una medida que profundiza la ruptura de relaciones anunciada en mayo de 2024. Adicionalmente, instruyó al Ministerio de Comercio a iniciar los trámites para denunciar el TLC con Israel, lo que implicaría su terminación en un plazo de seis meses. Las activistas colombianas aceptaron ser deportadas y se espera su salida de Israel en las próximas 72 horas. Esta decisión marca el punto más álgido en las tensiones entre ambos países, consolidando la postura del gobierno colombiano en favor de la causa palestina.