La controversia escaló rápidamente en el ámbito político, pero tuvo una pronta resolución judicial. El Tribunal Superior de Medellín, en una decisión de segunda instancia, revocó el fallo. Según un comunicado del Ministerio de Educación, el tribunal declaró la tutela como “improcedente” al concluir que la cartera sí había dado “respuesta de manera oportuna, completa y de fondo” a la petición de la gobernación, ajustándose plenamente a la ley. Este enfrentamiento judicial se produce en medio de un pulso político paralelo entre el gobierno nacional y la gobernación de Antioquia por la financiación de las universidades públicas del departamento.