Partidos de oposición como el Centro Democrático y Cambio Radical anunciaron acciones legales contra el presidente, argumentando que la medida amenaza gravemente las relaciones bilaterales y los intereses económicos del país. El Centro Democrático interpondrá una acción popular para proteger los derechos colectivos de los colombianos, mientras que Cambio Radical demandó los decretos previos que prohibían la exportación de carbón, calificándolos de ilegales e inconstitucionales. La Cancillería colombiana, por su parte, calificó la detención de las activistas como un “secuestro” y exigió su liberación inmediata, una postura que refleja el endurecimiento de la política exterior del país frente al conflicto en Gaza.