El cierre parcial más largo se prolongó durante un mes y ocurrió durante el primer mandato de Donald Trump, evidenciando cómo las disputas partidistas pueden llevar al límite el funcionamiento del aparato estatal. Durante un cierre, solo los servicios considerados esenciales, como la seguridad nacional, el control del tráfico aéreo y las inspecciones de alimentos, continúan operativos, aunque el personal que los realiza no recibe su paga hasta que se resuelva la disputa presupuestaria. La incertidumbre sobre la duración de este nuevo cierre genera preocupación tanto en los mercados financieros como entre la población, que podría ver afectados desde la tramitación de pasaportes hasta la atención en parques nacionales.