La medida fue una respuesta directa a las declaraciones del mandatario colombiano en una manifestación en Nueva York, donde instó a los militares estadounidenses a desobedecer a su comandante en jefe en relación con el conflicto en Gaza.

La revocatoria de visas no se limitó al presidente Petro. También fueron afectados el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma; la directora del Dapre, Angie Rodríguez; y el ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián. En un acto de solidaridad y protesta, otros miembros del gabinete, como la canciller Rosa Villavicencio, el ministro de Hacienda Germán Ávila y la superintendente Cielo Rusinque, anunciaron su renuncia voluntaria al documento. El presidente Petro ha respondido con un discurso desafiante, afirmando en un consejo de ministros que Trump “no merece más sino la cárcel” por ser “cómplice de un genocidio” y reiterando que su ejército “no lo debe obedecer”. Además, el mandatario ha enmarcado la situación como un motivo de orgullo, declarando: “Nos llena de orgullo no tener la visa de un país, cuyo gobierno apoya un genocidio”. La oposición ha criticado duramente la postura del presidente.

El expresidente Iván Duque calificó el hecho como una “vergüenza diplomática que expone al país al escarnio internacional”, mientras que el expresidente Álvaro Uribe y la senadora Paloma Valencia advirtieron que los señalamientos de Petro incitan a la violencia. A pesar de las crecientes tensiones, el gobierno colombiano parece calcular que las repercusiones no escalarán a sanciones económicas, apostando a que Washington preferirá mantener a Colombia como un aliado estratégico en la región.