Para contrarrestar la ilegalidad, Muzo reclama “garantías” y una presencia estatal contundente, que incluya mayor inversión social, control territorial efectivo y un cambio cultural. “Si queremos atraer inversión y mejorar la vida de las comunidades, el Estado debe garantizar la legalidad y la presencia; la empresa puede aportar, pero no puede sustituir las funciones del Gobierno”, concluyó.