Esta cifra refleja la incapacidad del Estado para controlar los territorios y proteger a las comunidades. En cuanto a la reparación a las víctimas del conflicto, HRW señala que las políticas de restitución de tierras y compensación han avanzado de manera muy lenta. Según el informe, solo el 16 % de las víctimas registradas en el país ha recibido alguna forma de reparación, lo que evidencia una brecha significativa entre las promesas del Acuerdo de Paz y su implementación efectiva.

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) también muestran un progreso desigual, con grandes diferencias entre lo planificado y lo ejecutado.

El documento también aborda la vulneración de derechos económicos, sociales y culturales, destacando que las comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes continúan soportando altos niveles de pobreza y exclusión.

Aunque la reciente ratificación del Acuerdo de Escazú es reconocida como un paso positivo, su puesta en marcha efectiva todavía enfrenta importantes barreras institucionales.