La bebida, distribuida de forma clandestina principalmente entre poblaciones vulnerables, contenía metanol y otros componentes tóxicos, según confirmaron los análisis forenses.

La situación ha revelado las devastadoras consecuencias del consumo de alcohol ilícito, un problema estructural en el país. El toxicólogo Agustín Guerrero, quien atiende a la mayoría de los afectados, advirtió sobre las graves secuelas para los sobrevivientes, que podrían ser permanentes. Según Guerrero, «el 90 % de los afectados cuando se recuperan quedan ciegos, además de eso los efectos neurológicos también son devastadores porque los pacientes quedan con alteraciones similares al parkinson y problemas neurotóxicos».

Esta tragedia ha movilizado a las autoridades locales, que activaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para coordinar una respuesta institucional y prevenir nuevas intoxicaciones. La Secretaría de Salud ha intensificado la vigilancia, realizando más de 2.025 visitas de inspección a establecimientos de venta de licor durante 2025 y reforzando campañas de educación para identificar productos adulterados. El caso subraya la necesidad de una respuesta integral que incluya un control más estricto sobre la venta de sustancias peligrosas, educación en salud pública y acciones preventivas dirigidas a los sectores más desprotegidos de la sociedad, quienes son frecuentemente las víctimas de estas redes de distribución de licor adulterado.