El exdirector del FBI, James Comey, una figura central en la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016 y un duro crítico del presidente Donald Trump, fue formalmente imputado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Los cargos son por presuntamente mentir bajo juramento y obstrucción de la justicia, en un movimiento que ha sido celebrado por Trump y condenado por los demócratas como un ataque al estado de derecho. La acusación, presentada por un gran jurado federal, se deriva del testimonio que Comey ofreció ante el Congreso en septiembre de 2020, en relación con la investigación sobre los posibles vínculos de la campaña de Trump con Rusia. Este desarrollo se produce en un clima de alta tensión política y pocos días después de que el presidente Trump exigiera públicamente a la fiscal general, Pam Bondi, que actuara contra sus adversarios políticos. La fiscal federal que dirige la investigación, Lindsey Halligan, es una exabogada personal de Trump y fue designada recientemente para el cargo después de que su predecesor, Erik Siebert, dimitiera tras concluir que no había pruebas suficientes para imputar a Comey.
Ante la noticia, Comey se declaró inocente y dispuesto a enfrentar un juicio, afirmando en un video: “Mi familia y yo sabemos desde hace años que enfrentarse a Donald Trump tiene un precio.
[...] Soy inocente.
Así que, que tengamos un juicio”. Por su parte, líderes demócratas como Hakeem Jeffries calificaron la imputación como “un ataque vergonzoso al estado de derecho”, mientras que la fiscal general Bondi sostuvo que “nadie está por encima de la ley”.
En resumenEn una decisión que la oposición considera una politización de la justicia, el exdirector del FBI James Comey fue imputado por perjurio y obstrucción. La medida sigue a una intensa presión pública del presidente Trump, quien considera a Comey un enemigo político clave, y genera serias dudas sobre la independencia del Departamento de Justicia.