La crisis en la vía al Llano se ha agudizado después de que el presidente Gustavo Petro admitiera que el Gobierno Nacional no cuenta con los recursos necesarios para solucionar los problemas estructurales de la carretera, especialmente en puntos críticos como el kilómetro 18. Esta declaración ha generado una fuerte reacción de gobernadores y gremios, quienes advierten sobre un inminente desabastecimiento y millonarias pérdidas económicas en la región de la Orinoquía. Petro señaló que el contrato de concesión eximió al operador de la responsabilidad sobre las zonas más inestables, dejando la carga financiera al Estado. “No tenemos el dinero hoy para arreglar la carretera al Llano (…) Solo un procedimiento de emergencia podría ayudarnos a financiar las obras que se necesitan ya”, afirmó, responsabilizando también a la oposición por el hundimiento de la reforma tributaria de 2024. En respuesta, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, anunció la creación de mesas de trabajo permanentes y un Puesto de Mando Unificado de alto nivel.
Aunque confirmó que se están tramitando 56 mil millones de pesos para obras en el kilómetro 58, reconoció que los fondos son limitados, lo que impide declarar una emergencia formal.
Mientras tanto, nueve gobernadores de la región han hecho un llamado urgente al Gobierno, denunciando escasez de alimentos y gasolina. El gremio Asogravas reportó pérdidas diarias superiores a los 1.500 millones de pesos en el sector de materiales de construcción, afectando obras de infraestructura en Bogotá y la región central.
En resumenLa admisión por parte del Gobierno de su incapacidad financiera para atender la vía al Llano ha elevado la crisis a un punto crítico, con la Orinoquía enfrentando desabastecimiento y parálisis económica. Aunque se han anunciado medidas de contingencia, la falta de una solución estructural y de recursos suficientes amenaza la conectividad y el desarrollo de más de cuatro millones de habitantes.