La decisión ha generado un intenso debate jurídico y político.

La exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, cuestionó la legalidad de la resolución, argumentando que está “por fuera del rango de la ley 2272” (ley de paz total), la cual, según ella, está diseñada para el sometimiento de grupos armados activos y no para cerrar procesos ya concluidos como el de Justicia y Paz. Buitrago expresó su preocupación por la inclusión de personas condenadas por narcotráfico y que cumplen penas en el extranjero, preguntándose qué significa ser gestor de paz desde una prisión en Estados Unidos. Por otro lado, el Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, defendió la medida, enfatizando que “la verdad y la restitución de bienes son fundamentales” y que la participación de estos exjefes es clave para avanzar en estos frentes. El Gobierno ha subrayado que esta mesa de diálogo se integrará con las ya existentes con otros grupos armados, buscando un enfoque integral para la construcción de paz.