The Economist reconoce avances como un crecimiento proyectado del 2,4 %, un desempleo en mínimos históricos y un auge del turismo.

Sin embargo, cuestiona la sostenibilidad de estos logros, señalando problemas estructurales como una informalidad laboral cercana al 60 %, una inversión privada escasa y un elevado déficit fiscal que alcanzará el 7 % del PIB, agravado por la suspensión de la regla fiscal. El análisis es particularmente duro en materia de seguridad, destacando el fracaso de la política de “Paz Total”. Cita un aumento del 45 % en el número de combatientes de grupos armados, un incremento del 75 % en los secuestros y del 50 % en la extorsión en los últimos tres años. La publicación también resalta la inestabilidad institucional, con constantes cambios de ministros y las tensiones del presidente con el Congreso y las altas cortes. La conclusión es contundente: aunque Colombia no está en el infierno, "un desastre fiscal se avecina para el próximo presidente", quien tendrá la tarea de evitar que el país se acerque a ese abismo.